(Publicado en El País-Andalucía 14/10/2010)
El Partido Socialista acaba de celebrar elecciones primarias para elegir sus candidatos en algunas Comunidades autónomas y Ayuntamientos. Las más conocidas por su importancia y por el morbo suscitado han sido las de Madrid, donde se han confrontado Tomás Gómez, Secretario General del PSM con Trinidad Jiménez, ministra de sanidad en el gobierno de España y apoyada por un sector importante de la Ejecutiva Federal y del gobierno, incluido el propio Zapatero. Con estos mimbres, ganase quien ganase, las consecuencias para el PSOE no serían buenas. Si ganaba Trinidad Jiménez, la crisis en el seno del PSM estaba servida, pues ¿cómo se puede ser Secretario General de un partido sin gozar de la confianza mayoritaria de los afiliados? Por el contrario, si ganaba Tomás Gómez el Secretario General y la comisión Ejecutiva Federal quedarían desautorizados, como así ha sido.
A mi me gusta el sistema de primarias como procedimiento de selección de candidatos, pero mantengo serias dudas sobre su aplicación en el actual contexto español. No comparto el criterio de los que dicen que la celebración de primarias favorece al partido que las realiza, porque hay una mayor movilización de sus afiliados y visibilidad de sus candidatos, que es cierto, pero también proyectan la división, nutren de argumentos a los adversarios y generan contradicciones internas, expresadas en forma de choque de legitimidades, de difícil solución.
Las primarias, en cambio, son el método genuino de selección de candidatos en el sistema político norteamericano. Sistema político, que se basa en un sistema electoral mayoritario en listas uninominales, con unos partidos con estructuras débiles. No existen aparatos en los partidos que merezcan tal nombre, allí los candidatos construyen sus propias oficinas de campaña, obtienen su financiación y una vez elegidos, crean sus propias oficinas de representación. Las primarias son el método de selección de candidatos de todos los partidos que compiten por el poder, se celebran simultáneamente y los que participan en la selección de los candidatos no son los afiliados sino los electores, lo que posibilita un debate político sobre propuestas. No se produce choque de legitimidades porque en este caso la legitimidad es exclusivamente electoral.
Esto cambia en España, Los partidos tienen estructuras fuertes, rígidos aparatos, elaboran el programa electoral, gestionan la financiación, dirigen la campaña electoral y seleccionan los candidatos. Las direcciones de los partidos están dotadas de legitimidad al ser elegidas por sus congresos y tienen el poder de la organización. Además, en nuestro sistema de primarias sólo votan los afiliados en un contexto de baja afiliación. Por ejemplo en Madrid, en torno a 18.000 afiliados se han arrogado la representación de más de 1.000.000 de votantes que tuvo el PSOE en las últimas elecciones autonómicas y casi 1.500.000 en las últimas generales.
Todo esto tiene consecuencias negativas, desde mi punto de vista, por dos razones.
La primera tiene que ver con el debate político. Como no pueden discutir sobre programas, pues este es del Partido, el debate es orgánico: candidato de las bases versus candidata del aparato, candidata con padrino candidato sin padrino, hecho a si mismo, etc., o sobre expectativas, que si Trinidad tiene más posibilidades de ganar que Tomás, entregando a las encuestas la capacidad de seleccionar a los candidatos, y olvidando que la realidad política no es estática sino dinámica y se modifica por la acción de los actores, como muy bien escribió en este diario José Andrés Torres Mora.
La segunda es que este tipo debate conduce inexorablemente a una lucha por el poder de la organización y genera divisiones difíciles de zanjar en el corto plazo, además de ofrecer argumentos valiosos al adversario , máxime cuando este adversario no se somete a la misma prueba, obteniendo una situación de ventaja en las elecciones. Por eso, Mariano Rajoy preguntado sobre el resultado de las primarias en Madrid ha dicho “nosotros a lo nuestro”.
Además, en la cultura política de los partidos españoles (con la excepción del PNV) no hay sitio para bicefalias y el choque de legitimidades, la orgánica, derivada de un congreso del partido y la electoral derivada de la elección directa de los afiliados (o de los electores) es difícil de gestionar y lo natural es que coincidan o gane esta última.
Dicho esto, ¿son posibles las primarias en España? En mi opinión si, si desarrollamos el articulo 6 de la Constitución, que establece que la estructura de los partidos ha de ser democrática, estableciendo las primarias como método general de selección de candidatos para todos los partidos, con convocatoria simultánea para cada proceso electoral, abierta la elección al electorado mediante inscripción previa y eliminando el bloqueo de las listas electorales. Obviamente, esto tendría consecuencias sobre las estructuras partidarias, debilitaría la fuerza de los aparatos, los haría más flexibles y los candidatos más pendientes de los intereses de sus electores
JAVIER TORRES VELA
domingo, 17 de octubre de 2010
miércoles, 15 de septiembre de 2010
¿ LISTA MAS VOTADA? (Publicado en El País-Andalucia.15/9/2010)
Es frecuente encontrarnos en el debate político propuestas supuestamente innovadoras y que mejoran la calidad de la democracia. Así, a la vuelta de vacaciones, nos encontramos con la propuesta del Partido Popular, de proponer una reforma para que tras las elecciones municipales del año próximo, gobierne en los Ayuntamientos la lista más votada. Aparentemente y para muchos ciudadanos esta propuesta es “más democrática” que el sistema actual, que permite pactos postelectorales entre las fuerzas políticas, sin embargo, desde mi perspectiva, nada es lo que parece.
En primer lugar, si la propuesta responde a posiciones de principios sobre la democracia, ¿porque no se propone para todas las instancias de gobierno? ¿Vale también en el País Vasco? Allí gobiernan PSOE-PP en coalición frente al PNV que fue el partido más votado. ¿Vale en Canarias? Allí gobierna Coalición Canaria con el 24,2% de los votos y el Partido Popular con el 24,4% frente al PSOE con el 35%.
Parece que la propuesta más que de principios es de interés partidista.
En segundo lugar, esta propuesta olvida nuestra opción constitucional para la formación de gobiernos en todos los niveles de poder. La lista más votada es congruente con el sistema mayoritario, sistema electoral que no ha sido la opción española. Este opera tanto en los sistemas de base presidencialista como el americano como en los de base parlamentaria como el británico. En este sistema gana “el primero que llegue a la meta”, aunque solo tenga el 30% de los votos, siempre que tenga un voto más que el siguiente.
La Constitución española del 78 opto por un sistema electoral proporcional, que asigna representación a cada partido o lista en proporción a los votos obtenidos (en España con bastante sesgo favorable a los partidos mayores), para la elección de las asambleas representativas (Parlamentos, Plenos municipales) que son las que eligen a los Presidentes o Alcaldes. Es decir, un sistema parlamentario, donde la mayoría para gobernar hay que conseguirla en la asamblea.
Yo no digo que el sistema de que gobierne la lista más votada, no sea democrático, pero me pregunto ¿Por qué es más democrático que gobierne la lista que ha obtenido el 40% de los votos a que lo haga una coalición que suma el 50%? ¿Es más estable y mejora la gobernabilidad, estar permanentemente en minoría en el Pleno municipal? ¿Cómo se aprueban los presupuestos anuales? Parece que la propuesta, formulada así, no aporta mayor estabilidad ni mayor gobernabilidad y además es discutible que sea más democrática.
En conclusión, esta propuesta no mejora desde mi perspectiva, el funcionamiento institucional de la democracia, ni es funcional con nuestro sistema político.
Hay otras alternativas congruentes que permitirían mejorar la transparencia de los pactos electorales, garantizar la gobernabilidad y posibilitar la elección directa del Alcalde por los ciudadanos, como son los sistemas de elección a doble vuelta. Explorar ese camino si permitiría innovar y mejorar la calidad de nuestra democracia pero hasta ahora el PP ha dicho a eso que no.
JAVIER TORRES VELA
En primer lugar, si la propuesta responde a posiciones de principios sobre la democracia, ¿porque no se propone para todas las instancias de gobierno? ¿Vale también en el País Vasco? Allí gobiernan PSOE-PP en coalición frente al PNV que fue el partido más votado. ¿Vale en Canarias? Allí gobierna Coalición Canaria con el 24,2% de los votos y el Partido Popular con el 24,4% frente al PSOE con el 35%.
Parece que la propuesta más que de principios es de interés partidista.
En segundo lugar, esta propuesta olvida nuestra opción constitucional para la formación de gobiernos en todos los niveles de poder. La lista más votada es congruente con el sistema mayoritario, sistema electoral que no ha sido la opción española. Este opera tanto en los sistemas de base presidencialista como el americano como en los de base parlamentaria como el británico. En este sistema gana “el primero que llegue a la meta”, aunque solo tenga el 30% de los votos, siempre que tenga un voto más que el siguiente.
La Constitución española del 78 opto por un sistema electoral proporcional, que asigna representación a cada partido o lista en proporción a los votos obtenidos (en España con bastante sesgo favorable a los partidos mayores), para la elección de las asambleas representativas (Parlamentos, Plenos municipales) que son las que eligen a los Presidentes o Alcaldes. Es decir, un sistema parlamentario, donde la mayoría para gobernar hay que conseguirla en la asamblea.
Yo no digo que el sistema de que gobierne la lista más votada, no sea democrático, pero me pregunto ¿Por qué es más democrático que gobierne la lista que ha obtenido el 40% de los votos a que lo haga una coalición que suma el 50%? ¿Es más estable y mejora la gobernabilidad, estar permanentemente en minoría en el Pleno municipal? ¿Cómo se aprueban los presupuestos anuales? Parece que la propuesta, formulada así, no aporta mayor estabilidad ni mayor gobernabilidad y además es discutible que sea más democrática.
En conclusión, esta propuesta no mejora desde mi perspectiva, el funcionamiento institucional de la democracia, ni es funcional con nuestro sistema político.
Hay otras alternativas congruentes que permitirían mejorar la transparencia de los pactos electorales, garantizar la gobernabilidad y posibilitar la elección directa del Alcalde por los ciudadanos, como son los sistemas de elección a doble vuelta. Explorar ese camino si permitiría innovar y mejorar la calidad de nuestra democracia pero hasta ahora el PP ha dicho a eso que no.
JAVIER TORRES VELA
martes, 3 de agosto de 2010
DE TOROS, ESPAÑA Y LAS AUTONOMIAS
(publicado en El País-Andalucía, 3/07/2010)
Me encuentro entre esa mayoría de españoles que el domingo pasado retrataba la encuesta de El País, ese 60% al que no le gustan los toros pero que en cambio no los prohibiría y asisto a este debate con serenidad y naturalidad. Uno más de los muchos debates éticos a los que nos vamos enfrentando y seguiremos haciéndolo en el futuro como resultado de los avances de la civilización, ya sean estos resultados de avances científicos o de evolución cultural. Lo hemos visto con el debate de la fertilización artificial, de la muerte digna, de las células madre embrionarias, lo vemos con la protección del medio ambiente, con las consecuencias del cambio climático y lleva años planteándose en torno a la defensa de los animales.
Sin embargo no veo que sea esa la actitud con la que se está afrontando el debate suscitado por la decisión del Parlamento de Cataluña de prohibir la fiesta de los toros a partir de 2012, sino que se hace en términos de defensa identitaria, mezclando todos los temas: los toros como identidad de la cultura española, la igualdad de derechos de los ciudadanos,la autonomías y la defensa de los animales.
Es cierto que la fiesta de los toros es una manifestación cultural española, que hunde sus raíces en la antigüedad, aunque tal y como hoy la conocemos es del siglo XVIII y que hoy se celebra en España, en el sur de Francia, Portugal y en el mundo hispanoamericano. Pero también lo es, que en las últimas décadas viene perdiendo apoyo entre la población y en especial entre los jóvenes. Encuestas realizadas sobre esta cuestión sitúan una fuerte correlación entre la edad y el género y la aceptación de las corridas de toros es cosa de mayores y de hombres fundamentalmente, situándose en torno al 50% los jóvenes de 16 a 25 años los que prohibirían las corridas de toros. Es decir, el futuro de los toros es incierto y de esto es de lo que se deberían preocupar los defensores de la fiesta, en lugar de buscar culpables externos.
Esto puede deberse a diversos factores intrínsecos a la propia fiesta o, a la evolución del sistema de valores más propenso a la defensa de los animales. Es aquí donde deberíamos haber centrado el debate y este es el origen del debate en Cataluña. Se trata de una iniciativa popular propiciada por asociaciones ecologistas defensoras de los animales, que se ha tramitado de acuerdo a los procedimientos legales y en el marco de las competencias legislativas del Parlamento de Cataluña. Otra cosa es, que los nacionalistas catalanes de manera oportunista hayan visto la ocasión de meter un “rejón” a la cultura española y que la ambigüedad del PSC, producto de sus contradicciones internas, con la libertad de voto ha propiciado la prohibición. Mi oposición a la prohibición está en que en este debate y en este momento debería haber prevalecido el valor de la libertad de elección del ciudadano de ir o de no ir, en lugar de la de prohibir.
Es normal que en un estado compuesto como es el español, con distintas comunidades y en el ámbito de sus competencias tengan normas distintas en diversos temas. Los catalanes pueden prohibir los toros y los andaluces declararlos bien de interés cultural. Los andaluces permiten la investigación con células madre embrionarias y los madrileños no y así podríamos seguir enumerando diferentes regulaciones resultado del ejercicio de la autonomía proclamado en la constitución.
Las competencias sobre espectáculos públicos son competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas desde la primera generación de Estatutos de autonomía y nadie lo ha discutido hasta ahora, hasta el punto de que Canarias ha hecho uso de esa competencia para que no haya espectáculos taurinos desde comienzos de los noventa y nadie ha dicho nada, será porque gobierna el PP con Coalición Canaria.
Basta ya de hipocresía, que tanto daño hace a la cohesión de España. En el federalismo americano hasta el código penal es competencia de los estados miembros, lo que permite que por un mismo delito en un estado seas condenado a muerte y en otro no, y nadie habla de que se rompan los Estados Unidos por ello, hablan de la legitimidad o no de la pena de muerte.
Es legítimo estar a favor o en contra de la fiesta de los toros, de permitirla o prohibirla, en Cataluña o en Andalucía. Pero no está en juego el ser de España, simplemente es un problema de mayorías y minorías, que se arregla debatiendo y votando, es decir, es un tema para el ejercicio de la democracia.
(publicado en El País-Andalucía, 3/07/2010)
Me encuentro entre esa mayoría de españoles que el domingo pasado retrataba la encuesta de El País, ese 60% al que no le gustan los toros pero que en cambio no los prohibiría y asisto a este debate con serenidad y naturalidad. Uno más de los muchos debates éticos a los que nos vamos enfrentando y seguiremos haciéndolo en el futuro como resultado de los avances de la civilización, ya sean estos resultados de avances científicos o de evolución cultural. Lo hemos visto con el debate de la fertilización artificial, de la muerte digna, de las células madre embrionarias, lo vemos con la protección del medio ambiente, con las consecuencias del cambio climático y lleva años planteándose en torno a la defensa de los animales.
Sin embargo no veo que sea esa la actitud con la que se está afrontando el debate suscitado por la decisión del Parlamento de Cataluña de prohibir la fiesta de los toros a partir de 2012, sino que se hace en términos de defensa identitaria, mezclando todos los temas: los toros como identidad de la cultura española, la igualdad de derechos de los ciudadanos,la autonomías y la defensa de los animales.
Es cierto que la fiesta de los toros es una manifestación cultural española, que hunde sus raíces en la antigüedad, aunque tal y como hoy la conocemos es del siglo XVIII y que hoy se celebra en España, en el sur de Francia, Portugal y en el mundo hispanoamericano. Pero también lo es, que en las últimas décadas viene perdiendo apoyo entre la población y en especial entre los jóvenes. Encuestas realizadas sobre esta cuestión sitúan una fuerte correlación entre la edad y el género y la aceptación de las corridas de toros es cosa de mayores y de hombres fundamentalmente, situándose en torno al 50% los jóvenes de 16 a 25 años los que prohibirían las corridas de toros. Es decir, el futuro de los toros es incierto y de esto es de lo que se deberían preocupar los defensores de la fiesta, en lugar de buscar culpables externos.
Esto puede deberse a diversos factores intrínsecos a la propia fiesta o, a la evolución del sistema de valores más propenso a la defensa de los animales. Es aquí donde deberíamos haber centrado el debate y este es el origen del debate en Cataluña. Se trata de una iniciativa popular propiciada por asociaciones ecologistas defensoras de los animales, que se ha tramitado de acuerdo a los procedimientos legales y en el marco de las competencias legislativas del Parlamento de Cataluña. Otra cosa es, que los nacionalistas catalanes de manera oportunista hayan visto la ocasión de meter un “rejón” a la cultura española y que la ambigüedad del PSC, producto de sus contradicciones internas, con la libertad de voto ha propiciado la prohibición. Mi oposición a la prohibición está en que en este debate y en este momento debería haber prevalecido el valor de la libertad de elección del ciudadano de ir o de no ir, en lugar de la de prohibir.
Es normal que en un estado compuesto como es el español, con distintas comunidades y en el ámbito de sus competencias tengan normas distintas en diversos temas. Los catalanes pueden prohibir los toros y los andaluces declararlos bien de interés cultural. Los andaluces permiten la investigación con células madre embrionarias y los madrileños no y así podríamos seguir enumerando diferentes regulaciones resultado del ejercicio de la autonomía proclamado en la constitución.
Las competencias sobre espectáculos públicos son competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas desde la primera generación de Estatutos de autonomía y nadie lo ha discutido hasta ahora, hasta el punto de que Canarias ha hecho uso de esa competencia para que no haya espectáculos taurinos desde comienzos de los noventa y nadie ha dicho nada, será porque gobierna el PP con Coalición Canaria.
Basta ya de hipocresía, que tanto daño hace a la cohesión de España. En el federalismo americano hasta el código penal es competencia de los estados miembros, lo que permite que por un mismo delito en un estado seas condenado a muerte y en otro no, y nadie habla de que se rompan los Estados Unidos por ello, hablan de la legitimidad o no de la pena de muerte.
Es legítimo estar a favor o en contra de la fiesta de los toros, de permitirla o prohibirla, en Cataluña o en Andalucía. Pero no está en juego el ser de España, simplemente es un problema de mayorías y minorías, que se arregla debatiendo y votando, es decir, es un tema para el ejercicio de la democracia.
martes, 27 de julio de 2010
COSAS DE JULIO
Publicado en El País- Andalucía 22/07/2010
Julio es un mes esquizofrénico. Una parte de los españoles está de vacaciones, si la crisis se lo permite y por lo tanto en situación mental de desconexión, la otra parte, la que trabaja, tiene la cabeza en el deseo de que termine el mes y poder tomar las vacaciones. Sin embargo, julio no te deja: Las administraciones públicas, la política no descansa y apura con especial entusiasmo este mes como si el mundo se acabase con él.
Este año parecía que sería distinto, porque teníamos el mundial de futbol, además España lo ganó. Diez días dedicados a gozar viéndolo y otros siete a disfrutar de la victoria y sacar conclusiones sobre como arreglar los males patrios.
Estando en esto, julio aparece de nuevo con su baño de realidad, para decirnos que las cosas son como son y están como están.
Hemos asistido a un debate del Estado de la nación que me ha sonado a más de lo mismo. Un Zapatero que desde que rectificó su política el pasado mes de mayo, aparece dispuesto a perseverar en ella “le cueste lo que le cueste” y a un líder de la oposición esperando que le caiga el poder como fruta madura, sin proponer y en consecuencia sin arriesgar nada. Pero me ha llamado la atención la actitud arrogante y displicente con la que el Partido Popular ha afrontado el debate.
Me pareció patético ver al Sr. González Pons vendiéndonos, como una gran novedad, que había solicitado elecciones anticipadas, dando clases de periodismo sobre los titulares que los medios debían colocar al día siguiente. La propuesta sonaba al “vallase Sr. González” que pronunciara Aznar en los primeros noventa, máxime cuando habían vendido los días previos que Rajoy presentaría sus propuestas.
Entiendo que en la situación actual de grave crisis económica y tras la rectificación de la política económica del Gobierno, el principal partido de la oposición piense que es el momento de su alternativa. Pero tiene la obligación de explicitarla para que los españoles la conozcamos y la valoremos. Además tiene instrumentos para hacerlo, como son la moción de censura. Dicen que no tienen votos para sacarla adelante, y eso puede ser verdad, pero tampoco los tuvo Felipe González cuando se la presentó a Suarez en 1981, ni Hernández Mancha cuando se la presentó a González en 1987, pero ambos tuvieron el coraje de hacerlo para demostrar a los españoles que querían ser la alternativa del poder constituido.
La historia avala que a Felipe González le fue muy útil y con Hernández Mancha acabó políticamente, pero ambos se arriesgaron a presentar un programa alternativo, ese es el coraje que se le exige a Rajoy hoy. El colofón, además del colmo, fue la ausencia de Rajoy del debate en el segundo día. Es, la expresión cuando menos, del escaso interés que le merecen las minorías y esa actitud es muy negativa en alguien que pretende gobernar la España diversa que somos.
Julio nos trajo otra cuestión muy importante para Andalucía, la decisión del Banco de España de adjudicar Caja Sur a la entidad vasca BBK. Nos dicen que la decisión está motivada en razones económicas, es posible, pero afirmo que Andalucía ha perdido una batalla importante.
No ha servido la unidad política y social alcanzada en Andalucía ni el claro pronunciamiento del Presidente de la Junta, pues claro, esto eran manifestaciones políticas y la decisión se tomaba sobre criterios económicos. Los mismos criterios económicos que van dibujando un mapa final de cajas en las que Madrid, Cataluña y Euskadi lideran los grupos más importantes. Los mismos criterios por la que si un Consejero/a de la Junta de Andalucía adjudicase un importante contrato a una empresa dirigida por su hermano/a, la exigente ética de la opinión pública le pediría la dimisión por que además de serlo hay que parecerlo, pero si ocurre en el terreno de las decisiones económicas del Banco de España no hay razón para dudar pues está presidido por la limpieza de “la mano invisible” de las decisiones económicas.
Ya solo nos queda una opción para que Andalucía pueda tener un importante instrumento financiero de raíz andaluza y colarse en el mapa de poder que están configurando, la fusión de Unicaja y CajaSol.
Lo bueno es que esto sólo depende de nosotros, esperemos que no sea también lo malo, mantengamos la unidad, pero digámoslo ya, ahora no se puede fallar. ¡Que ganas tengo de que acabe julio!
JAVIER TORRES VELA
Publicado en El País- Andalucía 22/07/2010
Julio es un mes esquizofrénico. Una parte de los españoles está de vacaciones, si la crisis se lo permite y por lo tanto en situación mental de desconexión, la otra parte, la que trabaja, tiene la cabeza en el deseo de que termine el mes y poder tomar las vacaciones. Sin embargo, julio no te deja: Las administraciones públicas, la política no descansa y apura con especial entusiasmo este mes como si el mundo se acabase con él.
Este año parecía que sería distinto, porque teníamos el mundial de futbol, además España lo ganó. Diez días dedicados a gozar viéndolo y otros siete a disfrutar de la victoria y sacar conclusiones sobre como arreglar los males patrios.
Estando en esto, julio aparece de nuevo con su baño de realidad, para decirnos que las cosas son como son y están como están.
Hemos asistido a un debate del Estado de la nación que me ha sonado a más de lo mismo. Un Zapatero que desde que rectificó su política el pasado mes de mayo, aparece dispuesto a perseverar en ella “le cueste lo que le cueste” y a un líder de la oposición esperando que le caiga el poder como fruta madura, sin proponer y en consecuencia sin arriesgar nada. Pero me ha llamado la atención la actitud arrogante y displicente con la que el Partido Popular ha afrontado el debate.
Me pareció patético ver al Sr. González Pons vendiéndonos, como una gran novedad, que había solicitado elecciones anticipadas, dando clases de periodismo sobre los titulares que los medios debían colocar al día siguiente. La propuesta sonaba al “vallase Sr. González” que pronunciara Aznar en los primeros noventa, máxime cuando habían vendido los días previos que Rajoy presentaría sus propuestas.
Entiendo que en la situación actual de grave crisis económica y tras la rectificación de la política económica del Gobierno, el principal partido de la oposición piense que es el momento de su alternativa. Pero tiene la obligación de explicitarla para que los españoles la conozcamos y la valoremos. Además tiene instrumentos para hacerlo, como son la moción de censura. Dicen que no tienen votos para sacarla adelante, y eso puede ser verdad, pero tampoco los tuvo Felipe González cuando se la presentó a Suarez en 1981, ni Hernández Mancha cuando se la presentó a González en 1987, pero ambos tuvieron el coraje de hacerlo para demostrar a los españoles que querían ser la alternativa del poder constituido.
La historia avala que a Felipe González le fue muy útil y con Hernández Mancha acabó políticamente, pero ambos se arriesgaron a presentar un programa alternativo, ese es el coraje que se le exige a Rajoy hoy. El colofón, además del colmo, fue la ausencia de Rajoy del debate en el segundo día. Es, la expresión cuando menos, del escaso interés que le merecen las minorías y esa actitud es muy negativa en alguien que pretende gobernar la España diversa que somos.
Julio nos trajo otra cuestión muy importante para Andalucía, la decisión del Banco de España de adjudicar Caja Sur a la entidad vasca BBK. Nos dicen que la decisión está motivada en razones económicas, es posible, pero afirmo que Andalucía ha perdido una batalla importante.
No ha servido la unidad política y social alcanzada en Andalucía ni el claro pronunciamiento del Presidente de la Junta, pues claro, esto eran manifestaciones políticas y la decisión se tomaba sobre criterios económicos. Los mismos criterios económicos que van dibujando un mapa final de cajas en las que Madrid, Cataluña y Euskadi lideran los grupos más importantes. Los mismos criterios por la que si un Consejero/a de la Junta de Andalucía adjudicase un importante contrato a una empresa dirigida por su hermano/a, la exigente ética de la opinión pública le pediría la dimisión por que además de serlo hay que parecerlo, pero si ocurre en el terreno de las decisiones económicas del Banco de España no hay razón para dudar pues está presidido por la limpieza de “la mano invisible” de las decisiones económicas.
Ya solo nos queda una opción para que Andalucía pueda tener un importante instrumento financiero de raíz andaluza y colarse en el mapa de poder que están configurando, la fusión de Unicaja y CajaSol.
Lo bueno es que esto sólo depende de nosotros, esperemos que no sea también lo malo, mantengamos la unidad, pero digámoslo ya, ahora no se puede fallar. ¡Que ganas tengo de que acabe julio!
JAVIER TORRES VELA
martes, 6 de julio de 2010
PAISAJE (POLITICO) DESPUES DE LA SENTENCIA
Publicado en EL PAIS- Andalucía el 6/7/2010
Por fin, el Tribunal Constitucional ha dictado sentencia sobre el recurso del Partido Popular al nuevo Estatuto de Autonomía para Cataluña. Quedan todavía por resolver los recursos planteados por el Defensor del Pueblo y por varias Comunidades autónomas, pero pienso que lo sustantivo de la cuestión, ha sido fallado. Conviene realizar a modo de urgencia un balance sintético de sus consecuencias, respecto al Estado autonómico, respecto a la inserción de Cataluña en España y respecto a la situación del Tribunal Constitucional.
1.- El Estado Autonómico.- La sentencia, al avalar más del 95% del texto estatutario, consolida en lo sustancial el avance federalista que planteaba la tercera oleada de reformas, lideradas por las de Cataluña y Andalucía. Consolida la ampliación de competencias que solicitaban, incorpora los cambios producidos por la entrada en la Unión europea, y en algunos aspectos que ha declarado inconstitucional (como es el apartado de la Justicia) existen vías para resolverlo mediante la reforma de la Ley orgánica del poder judicial. No resuelve una cuestión central, asumir la realidad plurinacional de España. Abordar de una vez por todas que España es una nación de naciones y articular el Estado de manera coherente con esa declaración, como un Estado federal.
2.- Cataluña.- Todo el proceso, desde la elaboración del Estatuto hasta la tardanza en la promulgación de la sentencia ha sido muy costoso para las relaciones entre Cataluña y España. Ha producido incomprensión y desafección mutua. Ha sido un proceso lleno de excesos, los catalanes han tenido que soportar toda clase de ataques groseros desde los sectores más recalcitrantes del nacionalismo español. Han seguido meticulosamente el procedimiento establecido en la Constitución para la reforma de su Estatuto: propuesta del Parlamento de Cataluña, pacto en las Cortes Generales, referéndum del pueblo de Cataluña y cuatro años de espera de una sentencia, cuyo proceso está lleno de incidencias, para finalmente dictarla en las vísperas de unas elecciones en Cataluña, sin duda, el peor momento para esperar una respuesta comedida de las fuerzas políticas catalanas. No pueden entender que lo que ellos desean, es recurrido al Tribunal Constitucional, y en cambio se vota favorablemente en el Estatuto de Andalucía. El agravio es evidente. Quizás por ello, según la encuesta publicada por El País el pasado domingo, la mayoría de los catalanes rechazan la sentencia. Esta curiosa paradoja nos debe hacer reflexionar: Una oleada de reformas que entre otros objetivos planteaba mejorar la inserción de Cataluña en España se salda con el rechazo de la mayoría de los catalanes. Evidentemente algo se hizo mal. Trabajar por corregirlo es una tarea para el futuro.
3.- El Tribunal Constitucional. Es el principal damnificado del proceso por meritos propios. Su tardanza en promulgar la sentencia, su enconamiento político, le han restado credibilidad y en consecuencia legitimidad, al parecer más que un árbitro constitucional, una tercera cámara política. Aunque no es el único responsable, también lo son los principales partidos políticos españoles que han sido incapaces de pactar la renovación de los miembros del Tribunal con mandato vencido. Urge tomar medidas para la recuperación de su prestigio. Tales como las planteadas por el Parlamento de Cataluña, tanto en la Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, como en el procedimiento de tramitación de los Estatutos que hayan sido refrendados y fundamentalmente en la selección de los miembros del mismo que han de proponerse más por razones de mérito y prestigio, que por fidelidad partidaria. La democracia española, el Estado autonómico necesitan de un Tribunal Constitucional fuerte, prestigiado y legitimado, para seguir siendo garante de los derechos de todos.
El paisaje tras la sentencia nos deja tareas políticas importantes cara al futuro. Sería deseable que se abordaran con calma, con sentido patriótico, con la voluntad de unir, pues como ya indicara Baltasar Gracián en el siglo XVII “Pero en la monarquía de España, donde las provincias son muchas, las naciones diferentes, las lenguas varias, las inclinaciones opuestas, los climas encontrados, así como es menester gran capacidad para conservar, así mucha para unir”
Publicado en EL PAIS- Andalucía el 6/7/2010
Por fin, el Tribunal Constitucional ha dictado sentencia sobre el recurso del Partido Popular al nuevo Estatuto de Autonomía para Cataluña. Quedan todavía por resolver los recursos planteados por el Defensor del Pueblo y por varias Comunidades autónomas, pero pienso que lo sustantivo de la cuestión, ha sido fallado. Conviene realizar a modo de urgencia un balance sintético de sus consecuencias, respecto al Estado autonómico, respecto a la inserción de Cataluña en España y respecto a la situación del Tribunal Constitucional.
1.- El Estado Autonómico.- La sentencia, al avalar más del 95% del texto estatutario, consolida en lo sustancial el avance federalista que planteaba la tercera oleada de reformas, lideradas por las de Cataluña y Andalucía. Consolida la ampliación de competencias que solicitaban, incorpora los cambios producidos por la entrada en la Unión europea, y en algunos aspectos que ha declarado inconstitucional (como es el apartado de la Justicia) existen vías para resolverlo mediante la reforma de la Ley orgánica del poder judicial. No resuelve una cuestión central, asumir la realidad plurinacional de España. Abordar de una vez por todas que España es una nación de naciones y articular el Estado de manera coherente con esa declaración, como un Estado federal.
2.- Cataluña.- Todo el proceso, desde la elaboración del Estatuto hasta la tardanza en la promulgación de la sentencia ha sido muy costoso para las relaciones entre Cataluña y España. Ha producido incomprensión y desafección mutua. Ha sido un proceso lleno de excesos, los catalanes han tenido que soportar toda clase de ataques groseros desde los sectores más recalcitrantes del nacionalismo español. Han seguido meticulosamente el procedimiento establecido en la Constitución para la reforma de su Estatuto: propuesta del Parlamento de Cataluña, pacto en las Cortes Generales, referéndum del pueblo de Cataluña y cuatro años de espera de una sentencia, cuyo proceso está lleno de incidencias, para finalmente dictarla en las vísperas de unas elecciones en Cataluña, sin duda, el peor momento para esperar una respuesta comedida de las fuerzas políticas catalanas. No pueden entender que lo que ellos desean, es recurrido al Tribunal Constitucional, y en cambio se vota favorablemente en el Estatuto de Andalucía. El agravio es evidente. Quizás por ello, según la encuesta publicada por El País el pasado domingo, la mayoría de los catalanes rechazan la sentencia. Esta curiosa paradoja nos debe hacer reflexionar: Una oleada de reformas que entre otros objetivos planteaba mejorar la inserción de Cataluña en España se salda con el rechazo de la mayoría de los catalanes. Evidentemente algo se hizo mal. Trabajar por corregirlo es una tarea para el futuro.
3.- El Tribunal Constitucional. Es el principal damnificado del proceso por meritos propios. Su tardanza en promulgar la sentencia, su enconamiento político, le han restado credibilidad y en consecuencia legitimidad, al parecer más que un árbitro constitucional, una tercera cámara política. Aunque no es el único responsable, también lo son los principales partidos políticos españoles que han sido incapaces de pactar la renovación de los miembros del Tribunal con mandato vencido. Urge tomar medidas para la recuperación de su prestigio. Tales como las planteadas por el Parlamento de Cataluña, tanto en la Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, como en el procedimiento de tramitación de los Estatutos que hayan sido refrendados y fundamentalmente en la selección de los miembros del mismo que han de proponerse más por razones de mérito y prestigio, que por fidelidad partidaria. La democracia española, el Estado autonómico necesitan de un Tribunal Constitucional fuerte, prestigiado y legitimado, para seguir siendo garante de los derechos de todos.
El paisaje tras la sentencia nos deja tareas políticas importantes cara al futuro. Sería deseable que se abordaran con calma, con sentido patriótico, con la voluntad de unir, pues como ya indicara Baltasar Gracián en el siglo XVII “Pero en la monarquía de España, donde las provincias son muchas, las naciones diferentes, las lenguas varias, las inclinaciones opuestas, los climas encontrados, así como es menester gran capacidad para conservar, así mucha para unir”
lunes, 21 de junio de 2010
¿Y PARA QUE SIRVEN LAS AUTONOMIAS?
Esta pregunta tan directa, me la espetaba el otro día un insigne empresario en sede madrileña, agobiado por la dureza de la crisis económica, deseoso de encontrar respuestas rápidas de los poderes públicos. Podría haberle contestado que, tal vez debería hacerse otras preguntas, el porqué de esta crisis, sus orígenes, sus causas, y puestos a cuestionar la existencia de alguna institución política, quizás la pregunta más correcta sería decir ¿para que sirven los Estados? pues una de las primeras enseñanzas de esta crisis es, la incapacidad de los Estados para dar respuestas nacionales a la situación. Ante mercados financieros globales con libre circulación de capitales y mercancías, se necesitan respuestas globales, se necesita, gobernanza global capaz de producir regulaciones globales, pues como ha dicho el premio Nobel de economía Joseph E. Stiglitz “Los mercados sin trabas no son eficientes ni estables”.
Pero no era ese el debate, por interesante que parezca, que lo es, lo que me inquietó de la pregunta. Es la simplificación de la realidad que esconde, y ya sabemos que en la vida social, las simplificaciones suelen tener consecuencias nefastas. En todos los momentos de crisis aparecen los iluminados y los interesados, que esgrimen fórmulas mágicas para resolver los problemas. Si hay paro y aumenta la delincuencia, los culpables son los inmigrantes, si hay tensiones políticas entre una comunidad y el estado el responsable es el otro, sin matices, lo cual es muy cómodo para ocultar la respectiva responsabilidad. El problema es, que la simplificación de las soluciones suele conducir a derivas autoritarias y populistas y el resultado de estas, a catástrofes sociales. El siglo XX nos ha enseñado bastante de todo esto.
No obstante, es cierto que, la crisis está haciendo aflorar de nuevo una vieja corriente del pensamiento español que considera que, la existencia de las Comunidades Autónomas es un error. Es la misma corriente de pensamiento que pensó que la reivindicación de autonomía de Andalucía era una invención, y la misma que considera que las demandas de reformas estatutarias se deben a la voracidad de las reivindicaciones nacionalistas. No están dispuestos a mirar a España como es, sino como a ellos les gustaría que fuese. Hablan de España como el Estado más antiguo de Europa, pero ocultan que, su aparición como tal se realizó, bajo una formula política que hoy llamaríamos confederal. Que esta fórmula se suprimió por la fuerza, y que desde entonces, en todos los periodos de libertad que hemos tenido en España la cuestión territorial ha estado en el centro de la vida política
¿Para que sirven las autonomías? Pues para resolver o encauzar uno de los problemas seculares de España. El Estado autonómico es la solución política, abierta por la Constitución española de 1978. Y hemos de añadir, tras más de treinta años de funcionamiento, que lo viene realizando con relativo éxito. ¿Con tensiones? Si, pero estas son consustanciales a los estados compuestos y a la vida política. Lo importante es, que esas tensiones son encauzadas a través de procedimientos políticos democráticos. Ha encauzado el fuerte sentimiento nacional existente en partes del territorio español, ha posibilitado a comunidades históricamente excluidas, la posibilidad de disponer de un poder político propio desde el que organizar su desarrollo, ha acercado la solución de los problemas de la gente, a la gente misma. ¿Alguien duda que en Andalucía tendríamos, sin autonomía, el sistema de comunicaciones, el sanitario, el educativo que tenemos? Basta mirar la experiencia del estado centralista para comprobarlo. La España autonómica con sus tensiones, sus complejidades es más justa y cohesionada socialmente que la España centralista.
Dicho esto, no todo es de color, hay zonas grises, que hay que abordar. Las Comunidades autónomas también tienen responsabilidades y también han cometido excesos. La austeridad, la eficiencia y su obligación con la reducción del déficit público es una exigencia del buen gobierno. Tienen que adelgazar, suprimir las adherencias innecesarias que han acumulado a lo largo de su desarrollo y distinguir lo necesario de lo prescindible.
La crisis económica que estamos sufriendo es una buena oportunidad para ver el correcto funcionamiento del Estado autonómico y las actuaciones de cada actor político o institucional nos permitirán evaluar su responsabilidad, pero esto no nos debe llevar a incurrir en el error que hace más de un siglo denunciara el sabio de Baltimore H.L. Mencken: “Para cada problema complejo, existe una solución sencilla y está equivocada”.
Pero no era ese el debate, por interesante que parezca, que lo es, lo que me inquietó de la pregunta. Es la simplificación de la realidad que esconde, y ya sabemos que en la vida social, las simplificaciones suelen tener consecuencias nefastas. En todos los momentos de crisis aparecen los iluminados y los interesados, que esgrimen fórmulas mágicas para resolver los problemas. Si hay paro y aumenta la delincuencia, los culpables son los inmigrantes, si hay tensiones políticas entre una comunidad y el estado el responsable es el otro, sin matices, lo cual es muy cómodo para ocultar la respectiva responsabilidad. El problema es, que la simplificación de las soluciones suele conducir a derivas autoritarias y populistas y el resultado de estas, a catástrofes sociales. El siglo XX nos ha enseñado bastante de todo esto.
No obstante, es cierto que, la crisis está haciendo aflorar de nuevo una vieja corriente del pensamiento español que considera que, la existencia de las Comunidades Autónomas es un error. Es la misma corriente de pensamiento que pensó que la reivindicación de autonomía de Andalucía era una invención, y la misma que considera que las demandas de reformas estatutarias se deben a la voracidad de las reivindicaciones nacionalistas. No están dispuestos a mirar a España como es, sino como a ellos les gustaría que fuese. Hablan de España como el Estado más antiguo de Europa, pero ocultan que, su aparición como tal se realizó, bajo una formula política que hoy llamaríamos confederal. Que esta fórmula se suprimió por la fuerza, y que desde entonces, en todos los periodos de libertad que hemos tenido en España la cuestión territorial ha estado en el centro de la vida política
¿Para que sirven las autonomías? Pues para resolver o encauzar uno de los problemas seculares de España. El Estado autonómico es la solución política, abierta por la Constitución española de 1978. Y hemos de añadir, tras más de treinta años de funcionamiento, que lo viene realizando con relativo éxito. ¿Con tensiones? Si, pero estas son consustanciales a los estados compuestos y a la vida política. Lo importante es, que esas tensiones son encauzadas a través de procedimientos políticos democráticos. Ha encauzado el fuerte sentimiento nacional existente en partes del territorio español, ha posibilitado a comunidades históricamente excluidas, la posibilidad de disponer de un poder político propio desde el que organizar su desarrollo, ha acercado la solución de los problemas de la gente, a la gente misma. ¿Alguien duda que en Andalucía tendríamos, sin autonomía, el sistema de comunicaciones, el sanitario, el educativo que tenemos? Basta mirar la experiencia del estado centralista para comprobarlo. La España autonómica con sus tensiones, sus complejidades es más justa y cohesionada socialmente que la España centralista.
Dicho esto, no todo es de color, hay zonas grises, que hay que abordar. Las Comunidades autónomas también tienen responsabilidades y también han cometido excesos. La austeridad, la eficiencia y su obligación con la reducción del déficit público es una exigencia del buen gobierno. Tienen que adelgazar, suprimir las adherencias innecesarias que han acumulado a lo largo de su desarrollo y distinguir lo necesario de lo prescindible.
La crisis económica que estamos sufriendo es una buena oportunidad para ver el correcto funcionamiento del Estado autonómico y las actuaciones de cada actor político o institucional nos permitirán evaluar su responsabilidad, pero esto no nos debe llevar a incurrir en el error que hace más de un siglo denunciara el sabio de Baltimore H.L. Mencken: “Para cada problema complejo, existe una solución sencilla y está equivocada”.
martes, 8 de junio de 2010
NECESITAMOS UNA GRAN CAJA
Escribe Alan Ware que los sistemas de partidos políticos son arenas para la cooperación y para la competición y que ambas realidades son inseparables para el correcto funcionamiento del sistema político. Hay asuntos (la mayoría) en los que los partidos compiten duramente por ganar el favor de los electores (que no olvidemos es su objetivo fundamental, por eso todos sus actos son electoralistas) y otros (los menos) en los que es necesario cooperar para conseguir objetivos comunes para la comunidad política en la que desarrollan su actividad y a la que representan.
La gravedad de la crisis económica que estamos padeciendo, que tiene angustiados a millones de españoles, está poniendo a prueba a los partidos españoles (y a los andaluces) y mi impresión es que no están dando la talla y de ahí, los elevados índices de desafección política que muestran las encuestas (la última la del domingo en este diario), expresados por el nivel más bajo de credibilidad de dirigentes y partidos. Desde el comienzo de la crisis han sido incapaces de articular un mínimo de acuerdos que diese confianza y esperanza a los ciudadanos y a ese abstracto, que llamamos mercados. Sin embargo, en la última reunión entre Zapatero y Rajoy se produjo un acuerdo concreto, sobre la reforma de la Ley de Cajas de Ahorros, que junto a la finalización del plazo para poder acudir a las ayudas del FROB y la presión del Banco de España ha acelerado el movimiento de las cajas de ahorros hacia la concentración, bien mediante fusiones o absorciones, bien mediante alianzas estratégicas como los famosas SIP.
Las Cajas andaluzas están participando en este proceso con resultado desigual. Mientras Caja Sol avanza hacia la absorción de Caja Guadalajara, operación más de imagen que de importancia, Caja Granada acuerda participar en un SIP con Caja Murcia, Caja del Penedés y Sa Nostra. Unicaja absorbe a Caja de Jaén y fracasa en su intento de fusión con Caja Sur, y con este fracaso, si se llegase a consolidar, la posibilidad de seguir avanzando hacía la articulación de una potente entidad financiera de raíz andaluza. El problema está en el fracaso de esta fusión, no como se ha querido trasladar, en el hecho de que Caja Granada haya optado por acudir a una alianza con cajas de fuera de la Comunidad Autónoma. Pienso que a estas alturas, era la única opción aceptable social y políticamente en Granada, por cierto, con acuerdo de las fuerzas políticas y sociales. Acuerdo en España, acuerdo en las provincias, ¿Por qué no hay acuerdo en Andalucía? ¿Por qué avanzan las fusiones con entidades de fuera de la comunidad y fracasa todo intento de acuerdo dentro de la misma? ¿Tiene que ver con el debilitamiento de la idea de Andalucía? Buenas preguntas para los líderes políticos de nuestra tierra. Es, por tanto, comprensible que en los ambientes políticos y económicos andaluces el desenlace que se avecina produzca insatisfacción y una cierta sensación de que estamos perdiendo una buena oportunidad. Pero antes de enfrascarnos en la atribución de responsabilidades y culpas, sería bueno analizar de qué polvos vienen estos lodos.
Hace ya, más de diez años que Manuel Chaves planteo en el Parlamento de Andalucía, el objetivo de conseguir, lo que llamó la Caja única andaluza, mediante un proceso de fusión y/o absorción de todas las existentes.
Pensaba entonces y sigo pensando ahora, que acababa de poner encima de la mesa el proyecto de mayor trascendencia política y económica de Andalucía desde la consecución de la autonomía y que solo sería posible llevarlo a cabo, mediante un amplio acuerdo político y social. Las Cajas de Ahorros son entidades con más de 100 años de existencia que articulan territorios locales y provinciales y que nuclean a las élites económicas, mediáticas, culturales y políticas, de sus territorios de influencia. Conseguir la renuncia a la influencia de estas élites, sólo será posible si al proyecto lo respaldaba un sólido acuerdo político, seguido de un acuerdo de sindicatos y empresarios, y una amplia dosis de pedagogía política, en el que se probase que esa opción era mejor para todos, que la atomización en la que estaba estructurado el sistema de cajas andaluzas. Es decir, Andalucía era más para sus partes que sus partes solas.
Ese acuerdo no se consiguió. Las causas, en el PSOE pensaron que su mayoría política era suficiente para sacarlo adelante y en el PP no quisieron, o pensaron que habían encontrado un nuevo escenario para la confrontación con el Gobierno de la Junta y del PSOE-A. Las élites locales, estimuladas por la división, se pusieron a conspirar para consolidar sus posiciones. Lo que vino después, es conocido. Sevilla, no podía aceptar que Málaga con Unicaja al frente, liderara el proceso y se puso a propiciar la fusión de El Monte y San Fernando, que era la peor de las posibles En este proceso, lucha sin cuartel, espionajes falsos, miserias políticas (algún presidente de caja de entonces, asesora hoy al PP andaluz), el PSOE-A apoya la fusión, pensando que favorecía su objetivo cuando era evidente que lo hacía más difícil. En Córdoba, con la Iglesia controlando Caja Sur y apoyándose en el Gobierno del PP en Madrid (Aznar, Rato, Arenas) idean una estrategia para salir del control financiero que la ley obligaba a realizar a la Junta de Andalucía, dejando campar a sus anchas a D. Miguel Castillejo y colocando de Director General a un prohombre del PP cordobés. Ahí se gestó la quiebra actual, así que un poco más de responsabilidad y mesura a los dirigentes populares le es exigible hoy. Granada con su percepción permanente de pérdida de relevancia, desde la llegada de la autonomía, percepción que puede ser injustificada, pero que allí, está universalmente extendida, decide blindar la autonomía de Caja Granada con el conocido Pacto del Saray (acuerdo que suscriben partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales). El pacto que hubiese sido necesario a nivel andaluz para sacar adelante el proyecto de Caja única, se consigue en la periferia para hacerlo imposible.
El proyecto de caja única, claramente inviable a estas alturas, se sustituye por el de las dos torres, si el interlocutor es sevillano, o en el de tres, si es granadino. La caja única da paso a la gran caja. Y estábamos en esto y llegó la crisis y con ella la necesidad de reestructurar el sector financiero, para dotarlo de un mayor tamaño y mejorar sus ratios de solvencia, con el Banco de España apretando. Ya no es el proyecto político de un Gobierno, es una exigencia de la situación y Andalucía debe decidir si coge la oportunidad de aprovechar el momento para conseguir una gran caja andaluza que se coloque en el nuevo mapa financiero de Cajas de Ahorros entre las primeras de España o deja pasar la ocasión.
El proyecto de fusión Unicaja, Caja Jaén y Caja Sur lo hace posible, dejando a Sevilla y Granada seguir sus caminos, pues ya no son imprescindibles. Pero de nuevo, la actitud impresentable, ética y económicamente de la Iglesia cordobesa (¿con complicidades? Esperemos unos días y lo veremos), vuelve a frustrar la oportunidad.
Ya queda poco tiempo, pero todavía es posible. Hay soluciones, pero para ello hace falta que el PP deje de hacer la guerra de guerrillas, convirtiendo las Cajas de Ahorros en una arena más de competición política y que el PSOE-A entienda que el tener mayoría política no es suficiente para realizar determinados proyectos de gran envergadura política y social. Hace falta que pacten. Pactar es transaccionar, compartir. Hace falta que entiendan que hay asuntos en los que el interés general de Andalucía requiere de su cooperación e impulsen un amplio acuerdo para que de este proceso, Andalucía salga con, al menos, una entidad financiera que se sitúe entre las primeras de España y que se comprometa con el desarrollo económico de Andalucía. El tejido productivo andaluz necesita de esa entidad, gobierne el PSOE o gobierne el PP.
La gravedad de la crisis económica que estamos padeciendo, que tiene angustiados a millones de españoles, está poniendo a prueba a los partidos españoles (y a los andaluces) y mi impresión es que no están dando la talla y de ahí, los elevados índices de desafección política que muestran las encuestas (la última la del domingo en este diario), expresados por el nivel más bajo de credibilidad de dirigentes y partidos. Desde el comienzo de la crisis han sido incapaces de articular un mínimo de acuerdos que diese confianza y esperanza a los ciudadanos y a ese abstracto, que llamamos mercados. Sin embargo, en la última reunión entre Zapatero y Rajoy se produjo un acuerdo concreto, sobre la reforma de la Ley de Cajas de Ahorros, que junto a la finalización del plazo para poder acudir a las ayudas del FROB y la presión del Banco de España ha acelerado el movimiento de las cajas de ahorros hacia la concentración, bien mediante fusiones o absorciones, bien mediante alianzas estratégicas como los famosas SIP.
Las Cajas andaluzas están participando en este proceso con resultado desigual. Mientras Caja Sol avanza hacia la absorción de Caja Guadalajara, operación más de imagen que de importancia, Caja Granada acuerda participar en un SIP con Caja Murcia, Caja del Penedés y Sa Nostra. Unicaja absorbe a Caja de Jaén y fracasa en su intento de fusión con Caja Sur, y con este fracaso, si se llegase a consolidar, la posibilidad de seguir avanzando hacía la articulación de una potente entidad financiera de raíz andaluza. El problema está en el fracaso de esta fusión, no como se ha querido trasladar, en el hecho de que Caja Granada haya optado por acudir a una alianza con cajas de fuera de la Comunidad Autónoma. Pienso que a estas alturas, era la única opción aceptable social y políticamente en Granada, por cierto, con acuerdo de las fuerzas políticas y sociales. Acuerdo en España, acuerdo en las provincias, ¿Por qué no hay acuerdo en Andalucía? ¿Por qué avanzan las fusiones con entidades de fuera de la comunidad y fracasa todo intento de acuerdo dentro de la misma? ¿Tiene que ver con el debilitamiento de la idea de Andalucía? Buenas preguntas para los líderes políticos de nuestra tierra. Es, por tanto, comprensible que en los ambientes políticos y económicos andaluces el desenlace que se avecina produzca insatisfacción y una cierta sensación de que estamos perdiendo una buena oportunidad. Pero antes de enfrascarnos en la atribución de responsabilidades y culpas, sería bueno analizar de qué polvos vienen estos lodos.
Hace ya, más de diez años que Manuel Chaves planteo en el Parlamento de Andalucía, el objetivo de conseguir, lo que llamó la Caja única andaluza, mediante un proceso de fusión y/o absorción de todas las existentes.
Pensaba entonces y sigo pensando ahora, que acababa de poner encima de la mesa el proyecto de mayor trascendencia política y económica de Andalucía desde la consecución de la autonomía y que solo sería posible llevarlo a cabo, mediante un amplio acuerdo político y social. Las Cajas de Ahorros son entidades con más de 100 años de existencia que articulan territorios locales y provinciales y que nuclean a las élites económicas, mediáticas, culturales y políticas, de sus territorios de influencia. Conseguir la renuncia a la influencia de estas élites, sólo será posible si al proyecto lo respaldaba un sólido acuerdo político, seguido de un acuerdo de sindicatos y empresarios, y una amplia dosis de pedagogía política, en el que se probase que esa opción era mejor para todos, que la atomización en la que estaba estructurado el sistema de cajas andaluzas. Es decir, Andalucía era más para sus partes que sus partes solas.
Ese acuerdo no se consiguió. Las causas, en el PSOE pensaron que su mayoría política era suficiente para sacarlo adelante y en el PP no quisieron, o pensaron que habían encontrado un nuevo escenario para la confrontación con el Gobierno de la Junta y del PSOE-A. Las élites locales, estimuladas por la división, se pusieron a conspirar para consolidar sus posiciones. Lo que vino después, es conocido. Sevilla, no podía aceptar que Málaga con Unicaja al frente, liderara el proceso y se puso a propiciar la fusión de El Monte y San Fernando, que era la peor de las posibles En este proceso, lucha sin cuartel, espionajes falsos, miserias políticas (algún presidente de caja de entonces, asesora hoy al PP andaluz), el PSOE-A apoya la fusión, pensando que favorecía su objetivo cuando era evidente que lo hacía más difícil. En Córdoba, con la Iglesia controlando Caja Sur y apoyándose en el Gobierno del PP en Madrid (Aznar, Rato, Arenas) idean una estrategia para salir del control financiero que la ley obligaba a realizar a la Junta de Andalucía, dejando campar a sus anchas a D. Miguel Castillejo y colocando de Director General a un prohombre del PP cordobés. Ahí se gestó la quiebra actual, así que un poco más de responsabilidad y mesura a los dirigentes populares le es exigible hoy. Granada con su percepción permanente de pérdida de relevancia, desde la llegada de la autonomía, percepción que puede ser injustificada, pero que allí, está universalmente extendida, decide blindar la autonomía de Caja Granada con el conocido Pacto del Saray (acuerdo que suscriben partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales). El pacto que hubiese sido necesario a nivel andaluz para sacar adelante el proyecto de Caja única, se consigue en la periferia para hacerlo imposible.
El proyecto de caja única, claramente inviable a estas alturas, se sustituye por el de las dos torres, si el interlocutor es sevillano, o en el de tres, si es granadino. La caja única da paso a la gran caja. Y estábamos en esto y llegó la crisis y con ella la necesidad de reestructurar el sector financiero, para dotarlo de un mayor tamaño y mejorar sus ratios de solvencia, con el Banco de España apretando. Ya no es el proyecto político de un Gobierno, es una exigencia de la situación y Andalucía debe decidir si coge la oportunidad de aprovechar el momento para conseguir una gran caja andaluza que se coloque en el nuevo mapa financiero de Cajas de Ahorros entre las primeras de España o deja pasar la ocasión.
El proyecto de fusión Unicaja, Caja Jaén y Caja Sur lo hace posible, dejando a Sevilla y Granada seguir sus caminos, pues ya no son imprescindibles. Pero de nuevo, la actitud impresentable, ética y económicamente de la Iglesia cordobesa (¿con complicidades? Esperemos unos días y lo veremos), vuelve a frustrar la oportunidad.
Ya queda poco tiempo, pero todavía es posible. Hay soluciones, pero para ello hace falta que el PP deje de hacer la guerra de guerrillas, convirtiendo las Cajas de Ahorros en una arena más de competición política y que el PSOE-A entienda que el tener mayoría política no es suficiente para realizar determinados proyectos de gran envergadura política y social. Hace falta que pacten. Pactar es transaccionar, compartir. Hace falta que entiendan que hay asuntos en los que el interés general de Andalucía requiere de su cooperación e impulsen un amplio acuerdo para que de este proceso, Andalucía salga con, al menos, una entidad financiera que se sitúe entre las primeras de España y que se comprometa con el desarrollo económico de Andalucía. El tejido productivo andaluz necesita de esa entidad, gobierne el PSOE o gobierne el PP.
lunes, 24 de mayo de 2010
OTRA VEZ, LA MURGA DE EL PER
Periódicamente, insignes portavoces de la derecha española (sea esta central o periférica), vuelven su mirada hacia Andalucía para pontificar, sobre las claves de nuestra realidad social. Hace pocos días era la Sra. Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, el último ha sido el moderado portavoz de Convergencia y Unió en el Congreso de los Diputados, el Sr. Duran i Lleida. Casi siempre el tema viene a cuenta del PER (Plan de Empleo Rural). No me parece mal que este tema entre en el debate, pienso que en democracia todo lo que afecta al común debe discutirse en la plaza pública, lo que me indigna son las consecuencias de singularidad cuasi racista que nos atribuyen.
Estos preclaros portavoces, explican nuestro comportamiento colectivo mejor que todos los psicólogos sociales (sea la indolencia o el adocenamiento del pita, pita, pita), analizan como si fueran sociólogos electorales el porque votamos como votamos (la muy democrática teoría del voto cautivo), y sintetizan nuestro ideal de vida en la holganza y en la sopa boba.
No es nueva esta visión de Andalucía, de manera culta y refinada nos la encontramos dentro de “La Teoría de Andalucía” de Ortega y Gasset, cuando afirma “Mi idea es que su cultura -por tanto, su actividad "espiritual"- exalta y pule el plano vegetativo de la existencia”.
El tema que utilizan hoy para sustentar esa visión de Andalucía con mas de 8 millones de habitantes, es por la existencia de un sistema de protección para los trabajadores/as del medio rural (subsidio agrario más Programa de fomento del empleo agrario), que en síntesis supone, que se benefician 173.000 personas, la mayoría mujeres (el 62%) por valor de 450 euros/mes y un coste total de 750 millones de euros. ¿Merecen estos datos la descalificación grosera de Andalucía y de los andaluces?
Necesitamos que se arrincone de una vez por todas las simplificaciones y los tópicos que han nutrido y siguen nutriendo los análisis sobre nosotros. Es necesaria mucha pedagogía social en Andalucía y fuera de Andalucía y aquí el papel de la derecha andaluza es esencial para convencer a sus homólogos españoles, que no somos diferentes, que la Andalucía actual se explica mucho más, en términos de parecidos y semejanzas con las sociedades de nuestro entorno, que de diferencias.
En España, tenemos planes de ayuda al mantenimiento de la actividad productiva, del carbón, del automóvil, de la pesca, de la energía…. Hemos asistido a planes de reconversión siderúrgica, textil, naval. Planes, que por la localización territorial de esas industrias han beneficiado a unos territorios muy concretos de España. Nunca se ha hablado, de la indolencia o incompetencia de esos pueblos que detraían tantos recursos públicos, ni siquiera hemos pedido que se sumaran las cantidades para saber que recibía cada cual.
El PER nace en 1984, en plena operación de reconversión de la economía española, junto a los planes de reconversión anteriormente citados. En Andalucía la reconversión a realizar era la del sector agrario, con excesivo peso en el PIB regional, unas estructuras anquilosadas y un fuerte excedente de mano de obra. La opción era : Que lo ajuste el mercado, cuyas consecuencias eran conocidas , grandes desplazamientos de la población agraria a las capitales, la aparición de suburbios en las grandes ciudades, el despoblamiento del medio rural ó realizar una intervención que mantuviese la renta agraria, que mejorase las condiciones de vida del medio rural y mantuviese la población. Si miramos los objetivos, el PER se salda con mayor éxito que otras reconversiones realizadas en otros lugares.
A partir de aquí, debatamos sobre si es necesaria su continuidad (que en este año y después de los temporales de invierno me parece imprescindible), sobre su eficiencia, claramente mejorable y sobre las corruptelas que pudiese esconder, para erradicarlas. (Por cierto, Sr. Duran, cuando se tienen pruebas de corrupción, en un país democrático, se va a los tribunales, sino la acusación es una infamia). Es normal que en tiempos de crisis debatamos sobre donde hay que recortar el gasto público, en el PER, en las televisiones públicas, en los gastos farmacéuticos,… pero ese debate se puede y se debe hacer sin ofendernos con la murga del PER.
martes, 11 de mayo de 2010
LA CASA BLANCA, SAN TELMO Y DOWNING STREET
Leyendo estos días el libro de Hugh Heclo, “Pensar institucionalmente” y su invitación a reflexionar en estos momentos de crisis sobre la necesidad de recuperar la confianza en algunas de las características que nos distinguen como seres humanos: las instituciones y la vida en comunidad, me he topado con el debate sobre la utilización del palacio de San Telmo como sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, ahora que ha concluido su restauración.
Este hecho claramente positivo desde el punto de vista cultural y de recuperación de nuestra memoria arquitectónica es, sin embargo, objeto de una nueva controversia política.
El Partido Popular, con su líder a la cabeza Javier Arenas, ha anunciado que en caso de ganar las próximas elecciones no ocuparía dicha sede y que la dedicaría a un museo. No voy a discutir aquí, no me corresponde, la razón que arguyen para adoptar esta posición: el supuesto gasto desmedido empleado en su restauración en un momento de crisis económica, ni la solución de uso que propone, algo realmente estrambótico.
Lo que me interesa discutir es la falta de pensamiento institucional que esconde esa estrategia.
He buscado durante los últimos días países o comunidades, donde la sede de sus instituciones representativas fuera objeto de controversia política. He de reconocer que no lo he encontrado. Lo que si he hallado es cómo en la mayoría de las democracias consolidadas de nuestro entorno, con más de un siglo de funcionamiento ininterrumpido, la institución representativa y la sede física que la alberga conforman una unidad que las hace reconocibles e identificables por el conjunto de la ciudadanía.
La Casa Blanca en Washington es la imagen representativa de la presidencia de los Estados Unidos. No se les ocurre a demócratas o republicanos encarar una discusión sobre eso. Son conscientes que tienen otros campos de la vida social o política donde manifestar sus discrepancias, y lo hacen con dureza, la reforma sanitaria, la regulación del sistema financiero o la ley de inmigración aprobada en Arizona…. No lo hacen, porque el debate pudiese parecer trivial frente a la magnitud de los otros problemas, sino porque saben que hay unos valores institucionales, una línea sutil que nunca traspasan, que actúa como elemento de unión y de representación de lo que une a esa comunidad política: sus Instituciones.
En nuestro entorno europeo podemos encontrar la misma identidad, sede-institución en Francia: Presidencia de la República- El Eliseo. Gran Bretaña: Residencia Primer ministro: nº 10 de Downing Street y así podríamos seguir el itinerario de todos los países democráticos. Por cierto en todos los nombrados y en casi todos los demás son, además de la oficina de trabajo del presidente, el lugar de residencia familiar, mientras dura el mandato presidencial.
En España, cuando en 1977 se restaura la democracia, una de las primeras decisiones fue encontrar una sede que se identificase con la Presidencia del gobierno democrático y se eligió el Palacio de la Moncloa. Ha sido ocupado por presidentes de Gobierno socialistas y conservadores y nunca ha habido más discusión que sobre el gusto y el color de las cortinas de los ocupantes. Igual recorrido tenemos en las comunidades autónomas: Cataluña y el Palau de la Generalitat; el País Vasco y Ajurianea; Galicia y el Palacio de Rajoy (no es broma, se llama así).
¿Por qué se cuestionan estas cosas en Andalucía? ¿Qué se pretende deslegitimar? ¿Acaso no es Andalucía digna de tener su presidencia en un edificio histórico recuperado?
La Presidencia de la Junta de Andalucía es una Institución de la comunidad autónoma, configurada en el Estatuto de Autonomía y es necesario y legítimo que se dote de una sede representativa. Fue una buena decisión, adoptada a finales de los ochenta, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, situarla en un edificio histórico, en el Palacio de San Telmo, como lo fue, la de ubicar al Parlamento de Andalucía en el Hospital de las Cinco Llagas, ¿también lo vamos a revisar?
En las democracias consolidadas estas cosas, cuando se deciden ya no se cuestionan.
España: La cuestión territorial
“Pero en la monarquía de España, donde las provincias son muchas, las naciones diferentes, las lenguas varias, las inclinaciones opuestas, los climas encontrados, así como es menester gran capacidad para conservar, así mucha para unir”
Baltasar Gracian
ESPAÑA:
I.- INTRODUCCION.
Escribo estas líneas cuando aún no conocemos la sentencia del Tribunal Constitucional sobre El Estatuto de Autonomía de Cataluña, a requerimiento del Partido Popular y cuando acaban de celebrarse los referendos sobre la independencia de Cataluña en una treintena de municipios catalanes. No digo que ambos hechos estén relacionados, aunque la tardanza en producir la sentencia (más de tres años), las filtraciones (¿interesadas?) sobre sus deliberaciones, la intransigencia de los nacionalismos en competición y de sus medios afines, están de nuevo, generando (crispando) un debate sobre “la cuestión territorial” en España.
Llamo “cuestión territorial” al debate sobre la posibilidad de encajar (y como) en la realidad estatal española, su realidad plurinacional. Porque en el fondo esta es la cuestión. ¿Puede
Pensando sobre ello he recordado una experiencia personal que me servirá para centrar la cuestión Hace años siendo Presidente del Parlamento de Andalucía, invité a Juan Linz sociólogo español afincado en USA, a dar una conferencia sobre el futuro de la democracia. Como estudioso que era de los problemas de organización territorial de España, le manifesté mi preocupación (era el año 1996) sobre las razones de que no encontrábamos un mecanismo de cierre del Estado Autonómico, los permanentes debates sobre la financiación autonómica (era el momento del pacto PP-CiU sobre financiación autonómica al que se opuso Andalucía) que mezclaban identidad territorial con intereses económicos, me parecían una bomba de relojería sobre el sistema político español. Me miró y me dijo: “¿Por qué es tan pretencioso joven y pretende resolver en 20 años lo que no hemos sido capaces de resolver en 500? El gran éxito de
La sabia respuesta de J.J. Linz me hizo repensar la cuestión y plantearla desde unas premisas que sirvieron entonces y que deben servir ahora. Tres cuestiones me parecen esenciales a la hora de afrontar “la cuestión territorial” en España:
- La pluralidad territorial como elemento constitutivo de España.
- La inexistencia de un consenso básico sobre la idea de España. La pugna entre
- La solución de los Constituyentes de remitir al proceso político la concreción del modelo, al resultar imposible el acuerdo sobre el mismo. Proceso abierto.
- El pacto como método de avanzar en la construcción estatal.
De eso se trata hoy, de buscar la solución para otra generación, sin pretender que sea la definitiva en un mundo tan cambiante como el que nos ha tocado vivir. Desarrollemos algo más estas cuestiones.
II.- EL PLURALISMO TERRITORIAL COMO ELEMENTO CONSTITUTIVO DE ESPAÑA
España surge como Estado (1492/1515) como una estructura confederal, por la “unión personal” de Isabel y Fernando, hecho este que tendemos a olvidar con demasiada frecuencia. Estructura confederal que perdura durante casi dos siglos, hasta los Decretos de Nueva Planta de Felipe V, comienzos del siglo XVIII, por los que se abolieron las instituciones políticas y administrativas de los cuatro reinos aragoneses y se sustituyeron por las castellanas. Desde entonces, distintas situaciones, pero con dos conclusiones contundentes:
- El modelo de Estado centralizado al modo que lo estableció
- En todos los periodos de libertad (pocos y cortos) que han existido en España, “la cuestión territorial” se ha situado en el centro de la agenda política.
No nos encontramos ante una cuestión caprichosa, producto de las ambiciones y torpezas de la clase política, central o periférica, sino que responde a un problema estructural no resuelto y que a estas alturas del siglo XXI sólo lo podemos afrontar desde perspectivas democráticas.
III) ¿DÓNDE RADICA
CORRIENTES DE FONDO SOBRE
La dificultad radica, desde mi punto de vista, en que a lo largo del proceso histórico, en España, se han articulado tres corrientes de pensamiento sobre la cuestión territorial, tres corrientes de fondo, con modelos de Estado contradictorios, y las tres se plasman de una manera u otra en
§ El nacionalismo español con un modelo de Estado centralista. Acepta el modelo constitucional siempre en su lectura más restrictiva y presentará toda modificación como una cesión intolerable a los nacionalismos periféricos
§ El nacionalismo periférico con un modelo de Estado basado en la singularidad de su relación con el Estado, incluyendo la posibilidad de autodeterminación. (La vocación de todo nacionalismo político es tener su propio Estado)
§ El que podríamos llamar, la tercera vía, de perfiles ideológicos menos definidos, con distintos grados de intensidad, en el que caben los federalistas, los autonomistas y todos aquellos convencidos de que la realidad plurinacional de España solo puede ser articulada por un Estado capaz de aunar unidad y diversidad, acompañada esta, de grandes dosis de autogobierno, es decir, por un Estado federal. Esta corriente se ha convertido en la plataforma del pacto de los nacionalismos en competición. Así ocurrió en
IV) ¿POR QUÉ EL DEBATE AHORA?
Existe una convicción generalizada por parte de la opinión pública conservadora y parte de la progresista de que el debate lo propician los nacionalistas por su insatisfacción con el modelo resultante del Estado Autonómico. Y ponen en marcha una serie de iniciativas rupturistas (por cierto, todas ellas bajo gobierno del PP):
--Plan Ardanza, enero de 1998.
--Declaración de Barcelona, julio de 1998.
--El Pacto de Estella y la tregua de ETA, septiembre de 1998. El Plan Ibarretxe.
Pero sería un grave error de perspectiva no considerar que existan otra serie de factores contextuales o estructurales que propiciaban una reflexión sobre el Estado Autonómico a los 25 años de haberse formulado, no olvidemos, que sin saber exactamente cuál sería su resultado final.
Citaré algunos de estos factores que a mi entender justifican por sí mismos la apertura de esta reflexión
* La globalización y sus efectos sobre las estructuras políticas. Probablemente aquí encontremos algunos de los elementos del debate actual, sobre la competencia exclusiva del Estado con la base de la planificación económica; el sistema de financiación y la localización/deslocalización empresarial. La respuesta al fenómeno de la inmigración, etc.
* La adhesión de España a la Unión Europea y su influencia en el reparto competencial.
* La acción abusiva (sobre todo en la última legislatura del Gobierno de Aznar), del Gobierno del Estado de utilizar la legislación básica produciendo un efecto de baja calidad autonómica o de asfixia económica.
*La fuerte descentralización realizada a lo largo de los últimos años no ha ido acompañada del desarrollo paralelo de instrumentos de cooperación (existentes en todos los Estados federales).
V.- EL PACTO COMO SOLUCION
Desde esta perspectiva parece razonable concluir que no estamos en condiciones de producir una “solución definitiva sino que lo que procede es alcanzar un acuerdo, en la única dirección posible, la de permitir la coexistencia, un acuerdo como el que se alcanzó hace 30 años con
Como ha afirmado Pérez Royo[3] “El Estado autonómico se ha construido mediante enfrentamientos muy profundos que se acabaron canalizando a través de pactos de naturaleza política negociados de buena fe, que, en ningún momento sacralizaron el texto constitucional y lo convirtieron en un obstáculo para alcanzar un acuerdo”
[1] Puede que la transcripción no sea literal, pero recoge la esencia de la conversación mantenida con J.J. Linz en Sevilla el 27/11/1996.
[2] GARCIA CARCEL, R. (2002): “Felipe V y los españoles. Una visión periférica del problema de España”. Plaza y Janés. Barcelona
[3] PEREZ ROYO, J. (2009): “Un poco de memoria”. Diario El País. 28/11/2009
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